Los derechos humanos cotizan a la baja en tiempos de crisis. Y España no es una excepción. Los ajustes presupuestarios del Gobierno, al amparo de la situación financiera, se han traducido en una merma de los derechos económicos, culturales y sociales sin precedentes en la etapa democrática. Incluso de aquellos considerados ‘pilares del Estado de bienestar’, como la educación y la sanidad, diezmados y restringidos como nunca.
La reducción de recursos ha supuesto una menor prestación y de inferior calidad de servicios. Jóvenes, personas con discapacidad y sin hogar, inmigrantes y parados de larga duración, mujeres y niños son algunos de los colectivos más perjudicados por la tijera.
Pese al drama nacional que se oculta tras los recortes, el Ejecutivo insiste en que esta es la única política posible para lograr la recuperación económica de España y la confianza de los mercados internacionales. No parece dispuesto a dar marcha atrás, caiga quien caiga.
Pero la opinión de la calle es bien distinta. Una de las pancartas que encabezaba la marcha de protesta convocada por la denominada Cumbre Social, el pasado 7 de octubre en Madrid, resumía así las consecuencias de las medidas gubernamentales: 'Más parados, más recortes y más desprotección'. Y las cifras le dan la razón. En 2010 una de cada cuatro personas se encontraba en riesgo de pobreza en España, según el índice Eurostat. Actualmente, UNICEF afirma que unos 2.267.000 niños viven por debajo del umbral de la pobreza, 80.000 más que hace dos años.
En el último año, el número de desempleados ha aumentado en 478.000, un 11,32%. En total son 4.705.279 las personas sin trabajo, según los datos difundidos en septiembre por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Los beneficiarios de Cáritas se han incrementado un 174% en apenas un lustro y ya son más de 1.015.000, mientras las subvenciones a las asociaciones de discapacitados han caído en picado, por poner solo unos ejemplos.
La reducción de recursos ha supuesto una menor prestación y de inferior calidad de servicios. Jóvenes, personas con discapacidad y sin hogar, inmigrantes y parados de larga duración, mujeres y niños son algunos de los colectivos más perjudicados por la tijera.
Pese al drama nacional que se oculta tras los recortes, el Ejecutivo insiste en que esta es la única política posible para lograr la recuperación económica de España y la confianza de los mercados internacionales. No parece dispuesto a dar marcha atrás, caiga quien caiga.
Pero la opinión de la calle es bien distinta. Una de las pancartas que encabezaba la marcha de protesta convocada por la denominada Cumbre Social, el pasado 7 de octubre en Madrid, resumía así las consecuencias de las medidas gubernamentales: 'Más parados, más recortes y más desprotección'. Y las cifras le dan la razón. En 2010 una de cada cuatro personas se encontraba en riesgo de pobreza en España, según el índice Eurostat. Actualmente, UNICEF afirma que unos 2.267.000 niños viven por debajo del umbral de la pobreza, 80.000 más que hace dos años.
En el último año, el número de desempleados ha aumentado en 478.000, un 11,32%. En total son 4.705.279 las personas sin trabajo, según los datos difundidos en septiembre por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Los beneficiarios de Cáritas se han incrementado un 174% en apenas un lustro y ya son más de 1.015.000, mientras las subvenciones a las asociaciones de discapacitados han caído en picado, por poner solo unos ejemplos.
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